La telemedicina hace parte del amplio portafolio de servicios enmarcado en la telesalud y que se asocia al uso de la tecnología para permitir o facilitar la atención médica cuando el paciente y su médico, o equipo de atención en salud, no se encuentran físicamente en el mismo lugar. Originalmente, la telesalud se utilizaba principalmente para generar acceso médico a pacientes en zonas rurales; sin embargo, con el pasar del tiempo, y gracias a coyunturas cómo la pandemia global ocasionada por el Covid-19, esta práctica ha cobrado mayor relevancia con el ánimo de reducir la necesidad de la presencialidad para ser atendido por personal de salud calificado.
Sin duda, la telesalud puede brindar soluciones a algunos desafíos del sistema, como el creciente aumento de la demanda de servicios de salud, el envejecimiento de la población y la necesidad de gestionar datos en grandes cantidades; pero adicionalmente tiene un importante propósito enfocado en reducir problemáticas de acceso y de agilidad a la hora de recibir atención médica, lo que debería entonces brindar mayor cobertura y equidad en zonas remotas, especialmente en países con brechas marcadas de desigualdad entre zonas rurales y urbanas, cómo es el caso de Colombia.
Ejemplo de que dicha desigualdad es un problema estructural que se magnifica debido a variables socioeconómicas y de la ubicación geográfica del país, es que en zonas apartadas o rurales los tiempos de espera son de 6 días para una cita de medicina general, 16 días para una cita con el ginecólogo y 38 días para una cita de pediatría, en lugar de los 2, 8 y 7 días que esperan respectivamente en las zonas urbanas. *
En 2010 Colombia inició la construcción del marco regulatorio para el desarrollo de la telesalud en el país mediante la Ley 1419. Allí se establecieron los principios básicos como son la creación de un Comité Asesor de Telesalud, el desarrollo de un mapa de conectividad, la asignación de un 5% para fortalecer la cobertura y acceso de telecomunicaciones y la inclusión de estos servicios en el Plan de Beneficios en Salud. Sin embargo, solo hasta el 2019 con la Resolución 2654, el Ministerio de Salud inició la reglamentación de la telesalud como una herramienta para mejorar el acceso, la capacidad de resolución, la continuidad y la calidad de la atención clínica.
Finalmente, fue hasta la llegada de la pandemia que se realizaron esfuerzos concretos para acelerar la integración de estos servicios en el sistema de salud y especialmente en las IPS como una herramienta para dar continuidad a la atención. A diciembre de 2021, solo el 4,27% de las IPS habilitadas para operar en el país ofertaban servicios a través de telemedicina en 370 municipios. Esto equivale a 3.368 clínicas y hospitales que tenían habilitados más de 12.500 servicios en esta modalidad, de los cuales únicamente 331 eran de naturaleza pública.
Ahora bien, la telemedicina y la telesalud no necesariamente se han traducido en mayor cobertura y acceso en todo el territorio. En Colombia, los hospitales públicos atienden principalmente en zonas rurales y de difícil acceso; sin embargo, en este tipo de zonas el servicio médico generado a través de tecnología no logró penetrar de manera significativa.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS (2021).
Al analizar las cifras, se identifica que entre 2019 y 2021, las IPS públicas que prestaban servicios de telemedicina incrementaron en un 25,4% mientras que en las de carácter privado el aumento fue de un 281,5%. Estas diferencias también se evidencian en la cobertura a nivel territorial. De las 3.368 IPS que prestaron servicios de telemedicina, el 76% (2,500) estaban ubicadas en Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Barranquilla, Córdoba, Nariño, Cartagena y Cesar. Entre tanto, en departamentos apartados como Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, solo había 58 instituciones prestadoras con la misma herramienta habilitada.
A lo anterior se suman otros factores como las brechas en términos de conectividad. Se evidencia, por ejemplo, que el 56,5% del total nacional cuenta con servicio de internet; sin embargo, en las cabeceras ese porcentaje es del 66,5%, mientras que en los centros poblados y rural disperso solo llega al 23,8%, dificultando aún más la apropiación y uso de la telemedicina en los centros médicos. Este panorama evidencia parte de los importantes retos que tiene el país en términos de acceso, cobertura e implementación de la telemedicina en todo el territorio, especialmente, para que logre consolidarse como una verdadera alternativa que contribuya a cerrar las marcadas brechas de desigualdad del país.
El nuevo gobierno se ha trazado el objetivo de que la atención primaria en salud llegue a todo el territorio nacional, y en este sentido la telesalud tendrá que jugar un rol primordial. Además, ha expresado la necesidad de aprovechar la inversión en educación y tecnología para la generación de conocimientos de alta calidad como en el área de telemedicina. Esto abre una oportunidad de diálogo entre el sector privado y público para la generación de capacidades y transferencia de conocimiento que permitan una mayor apropiación y provecho de estos servicios en Colombia. Adicionalmente, lo anterior debería generar el fortalecimiento de las capacidades de las IPS públicas, siendo estas las que tienen mayor cobertura en territorios de difícil acceso y donde realmente se puede consolidar en una alternativa para mejorar la atención de todos los usuarios, generando mayor equidad y eficiencia en los servicios de salud.
Es justamente en ello en lo que debe enfocarse el sector privado de cara al nuevo contexto nacional; es decir, en encontrar oportunidades de trabajo conjunto en las que las capacidades, herramientas y conocimientos ya adquiridos por la industria aporten de manera efectiva a dar solución a los retos socioeconómicos a los que se enfrenta el sistema de salud nacional en línea con los objetivos del gobierno entrante, pero sobre todo en beneficio del desarrollo del país y de la salud de todos los colombianos.
Santiago Rivas GarcíaConsultor de Asuntos Públicos LLYC
Luisa Fernanda Ortíz QuiñónezGerente de Asuntos Públicos LLYC
